Innovation Law Lab vs. Wolf

¿Qué está haciendo el gobierno y por qué lo desafiamos?

En enero de 2019, el gobierno lanzó los "Protocolos de Protección a Migrantes" (MPP) bajo los cuales ha retornado de manera forzada a más de 65,000 solicitantes de asilo a México, obligándolos a permanecer allí bajo condiciones peligrosas mientras se esperan sus fechas de audiencia en las cortes de inmigración de EE. UU. Esta acción sin precedentes niega a los solicitantes de asilo el acceso completo y justo al sistema de asilo de EE. UU. y los retorna a un país en el que se enfrentan a la violencia, a violaciones a sus derechos humanos, y a la posible devolución a sus países de origen. El programa supuestamente establece un proceso para identificar a las personas que estarían en riesgo de persecución o tortura en México para permitirles en cambio permanecer en los Estados Unidos, pero este proceso es completamente inadecuado. Las personas en MPP fácilmente se convierten en blancos de bandas criminales en las peligrosas ciudades fronterizas en las que son obligados a esperar. Migrantes bajo esta política se han visto expuestos al peligro de asaltos, secuestros, violaciones, tortura, y homicidios. Los oficiales locales y las organizaciones de la sociedad civil no tienen la capacidad suficiente para ofrecer protección, comida, refugio, tratamientos médicos, educación, ni empleo a los solicitantes de asilo que esperan por meses mientras sus casos de inmigración avanzan lentamente, ni tampoco los abogados o representados legales en los Estados Unidos tienen la oportunidad de ayudarlos de manera efectiva para preparar por sus casos.

¿Cuál es el estado del caso?

En cada etapa, las cortes federales que han estudiado el caso de fondo han encontrado que MPP es ilegal. En abril de 2019 obtuvimos una orden judicial preliminar que detuvo temporalmente la política. No obstante, dicha orden judicial fue suspendida por el Noveno Circuito en espera de la resolución de la apelación del gobierno, lo que permitió que la política permaneciera en efecto. En febrero de 2020, el Noveno Circuito restauró la orden judicial preliminar que habíamos ganado contra la política, declarando clara e inequívocamente que el MPP es ilegal y que muy seguramente viola los compromisos internacionales en materia de refugiados de nuestra nación. Sin embargo, la Corte Suprema aceptó una solicitud del gobierno en la que pidieron suspender dicha orden judicial, por lo que la política se mantiene en efecto mientras la Corte Suprema revisa el caso, lo cual probablemente no sucederá hasta 2021. Debido a la pandemia COVID-19, los migrantes bajo MPP ahora se ven forzados a esperar aún más tiempo debido a que las cortes de inmigración han suspendido todas las audiencias.

¿Qué vidas están en juego?

Uno de nuestros demandantes es Dennis Doe (nombre ficticio para proteger su identidad), un joven hondureño que, luego de rehusar unirse a la pandilla MS-13, fue amenazado de muerte.  Primero escapó a otra parte de Honduras, pero la pandilla le envió una nota diciéndole que sabían dónde estaba y que su vida estaba en peligro. La misma pandilla luego asesinó a un amigo cercano de Dennis. Dennis huyó a los Estados Unidos para solicitar asilo, pero se ha visto obligado a quedarse en México mientras su caso continúa. Está aterrorizado allí porque los miembros de la pandilla MS-13, que pueden ser identificados por sus tatuajes, transitan libremente por Tijuana. Dennis teme que las personas que intentaron matarlo en Honduras lo encuentren en México. Cuando fue entrevistado por un oficial de asilo de los Estados Unidos con respecto a su caso, no se le preguntó si era posible o seguro para él permanecer en México. A la fecha, Dennis sigue esperando en México en medio del miedo y la desesperación.

¿Quién está involucrado?

El Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS, por sus siglas en inglés) presentó la demanda junto con American Civil Liberties Union y Southern Poverty Law Center. Repesentamos a once solicitantes de asilo individuales y a seis organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios legales para solicitantes de asilo: Innovation Law Lab, Central American Resource Center of Northern California, Centro Legal de la Raza, lUniversity of San Francisco School of Law Immigration and Deportation Defense Clinic, Al Otro Lado, y el Tahirih Justice Center. Varias organizaciones e individuos han presentado memoriales como amicus curiae (“amigo de la corte”) en este caso, incluidos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; el sindicato de oficiales de asilo; ex oficiales del gobierno; Human Rights First; y Amnesty International USA, Washington Office on Latin America, Latin American Working Group, e IMUMI.

¿Cómo puede ayudar?

Visite nuestra página de acción para aprender más sobre cómo puede ayudar a los solicitantes de asilo. También puede apoyar el trabajo vital de CGRS en casos vítales como este a través de una donación.

¿Necesita más información?

Puede contactar Brianna Krong, coordinadora de comunicaciones e incidencia de CGRS, en krongbrianna@uchastings.edu.

Recursos para abogados y representantes

CGRS ha producido una serie de recursos para apoyar a abogados representando a clientes que se han visto impactados por las políticas que afectan a quienes buscan asilo en la frontera. Haga click aquí para solicitar materiales relevantes para el caso de su cliente.

Comunicados de Prensa

Noveno Circuito detiene la política de retorno forzado a México del gobierno Trump, 28 de febrero de 2020

Corte federal bloquea la política de retorno forzado a México del gobierno Trump, 8 de abril de 2019 Apr 08, 2019

Grupos desafían ante una corte federal la política de retorno forzado a México del gobierno Trump, 22 de marzo de 2019

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