CGRS Decries “Safe Third Country” Agreement with Guatemala

Sunday, July 28, 2019


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The Center for Gender & Refugee Studies (CGRS) decries the so-called “safe third country” agreement signed by the United States and Guatemala on Friday. This move marks yet another illegal attempt by the Trump Administration to turn its back on refugees and outsource its moral and legal responsibilities, at the expense of asylum seekers’ lives. The agreement violates our immigration laws and, if implemented, could endanger thousands of refugees. It also violates a decision of Guatemala’s Constitutional Court, which held that the Guatemalan Executive did not have the authority to enter a safe third country agreement without the approval of the country’s Congress, which has not been granted.

Once the agreement goes into effect, with limited exceptions, anyone seeking asylum in the United States could be returned to Guatemala to apply for protection there instead. U.S. law permits our government to impose such a policy of returning asylum seekers to a country formally designated as a “safe third country” with whom the U.S. has a bilateral or multilateral agreement. However, to be considered a safe third country, our laws require that the country in question provide access to full and fair asylum procedures and guarantee refugees protection from persecution. Guatemala utterly fails to meet these standards.

Guatemala is plagued by rampant gender-based violence, gang brutality, and anti-LGBTQ persecution, abuses perpetrated with virtual impunity and enabled by deeply entrenched government corruption. Guatemala’s homicide rates are among the highest in the world, and the country ranks third in its rate of femicides (gender-motivated killings of women). Every year thousands of Guatemalans are forced to flee north to find safety. In 2018, over 30,000 Guatemalans sought asylum in the United States. To the extent that the Guatemalan government fails to protect its own citizens, migrants and asylum seekers fare far worse, and are particularly vulnerable to violence, poverty, and exploitation.

In addition to the acute dangers that asylum seekers face in Guatemala, those who seek refuge there are at great risk being wrongly deported to the countries from which they have fled. Guatemala has virtually no infrastructure in place to process the asylum claims of the tens of thousands of asylum seekers who pass through the country each year. Guatemala adjudicates a minuscule number of asylum applications, receiving less than a thousand applications in the last 15 years, and in 2018 approving a mere 20. Our own State Department has criticized the country’s asylum system as deeply inadequate, reporting that Guatemala is incapable of protecting asylum seekers from deportation to their countries of persecution.

“By threatening tariffs and travel bans, the Trump Administration has attempted to bully the Guatemalan government into an agreement that makes a mockery of our commitments to refugees,” CGRS Director Karen Musalo said today. “This safe third country agreement is clearly in violation of U.S. law, and flouts the outstanding order of Guatemala’s Constitutional Court. Like so many of this Administration’s actions, it will be challenged in court. We are optimistic that ultimately justice will prevail, but in the meantime, our country will be putting thousands of asylum seekers in harm’s way.”

CGRS rechaza acuerdo de “tercer país seguro” con Guatemala
Domingo, 28 de julio de 2019

El Center for Gender & Refugee Studies (CGRS, por sus siglas en inglés) rechaza el mal llamado acuerdo de “tercer país seguro” firmado entre Estados Unidos y Guatemala el pasado viernes. Esto representa otro intento más del gobierno Trump de darle la espalda a los refugiados y delegar sus responsabilidades morales y legales, todo a expensas de las vidas de los solicitantes de asilo. Este acuerdo viola nuestras leyes de inmigración y, de ser implementado, podría poner en peligro a miles de refugiados. El acuerdo también viola el mandato de una decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la cual declaró que el Ejecutivo no tenía la autoridad para firmar un acuerdo de tercer país seguro sin la aprobación del Congreso, condición que aun no se ha cumplido.

Una vez el acuerdo empiece a ser implementado, salvo en circunstancias limitadas, cualquiera que busque asilo en Estados Unidos podría ser enviado a Guatemala para solicitar protección allí. La ley de EE. UU. permite que el gobierno aplique una política en la que envíe a los solicitantes de asilo a un país formalmente designado como “tercer país seguro”, con quien E.E. U.U. tenga un acuerdo bilateral o multilateral. No obstante, para ser considerado como un tercer país seguro, nuestras leyes exigen que el país en cuestión proporcione acceso a procedimientos de asilo completos y justos, y garantice a los refugiados que no enfrentarán persecución. Lo cierto es que Guatemala no cumple con estos estándares.

Guatemala es un país que se ha visto plagado por niveles alarmantes de violencia de género, crimen de pandillas, persecución contra personas LGBTQ, y abusos consumados con completa impunidad y alentados por una corrupción gubernamental profundamente arraigada. Las tasas de homicidio de Guatemala se encuentran entre las más altas del mundo, y el país se encuentra en el tercer lugar en número de feminicidios (homicidios de mujeres por motivos de género). Cada año miles de mujeres guatemaltecas se ven forzadas a escapar al norte para encontrar seguridad.

En el 2018, más de treinta mil guatemaltecos buscaron asilo en Estados Unidos. En la medida que el gobierno de Guatemala no se encuentra en la capacidad de proteger a sus propios ciudadanos, los solicitantes de asilo y migrantes cuentan con peor suerte, y son particularmente vulnerables a la violencia, la explotación y la pobreza.

Además de los graves peligros que los solicitantes de asilo enfrentan en Guatemala, aquellos que buscan protección se encuentran en peligro de ser deportados, sin la consideración apropiada, a los países de los que huyeron. La realidad es que Guatemala no cuenta con la infraestructura para procesar las solicitudes de decenas de miles de solicitantes de asilo que pasan por su territorio cada año. Guatemala adjudica un número minúsculo de solicitudes de asilo, con menos de mil solicitudes en los últimos 15 años, y sólo 20 concesiones en el 2018. Nuestro propio Departamento de Estado ha descrito el sistema de asilo de Guatemala como uno profundamente inadecuado, y ha reportado que Guatemala es incapaz de proteger a los solicitantes de asilo de ser deportado a los países donde fueron perseguidos.

“Con sus amenazas de tarifas y prohibiciones de viaje, el gobierno Trump ha intentado empujar al gobierno de Guatemala a que acepte un acuerdo que se burla de nuestras obligaciones con los refugiados”, dijo hoy Karen Musalo, directora de CGRS. “Este acuerdo de tercer país seguro claramente viola la ley de EE. UU. e ignora el mandato de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Al igual que muchas de las otras políticas de este gobierno, este acuerdo será retado en las cortes. Somos optimistas de que en últimas la justicia triunfará, pero mientras tanto nuestro gobierno seguirá poniendo en más peligro a miles de solicitantes de asilo.”