Responding to the Trump Administration’s Heartless Southern Border Policies

en español abajo

The Trump Administration has waged an all-out assault on the right to asylum, taking drastic steps to almost completely shut down access to protection at the U.S. southern border. The following policies are among the most detrimental and wide-reaching southern border policies impacting asylum seekers, which stand at odds with the United States’ domestic and international obligations to refugees.

Download our southern border policies explainer, available in both English and Spanishfor more information.

Migrant Protection Protocols (MPP), also known as the “Remain in Mexico” policy, under which the U.S. government has forcibly returned over 55,000 asylum seekers to await their immigration court dates in Mexico, where they face serious human rights abuses.

CGRS is co-counsel with the American Civil Liberties Union and Southern Poverty Law Center in Innovation Law Lab v. McAleenan, the lawsuit challenging the MPP, which remains pending at the Ninth Circuit.

As our case moves through the courts, we are calling on the government to immediately stop sending asylum seekers to the state of Tamaulipas, where returnees have been subjected to severe and life-threatening violence.

Third Country Transit Rule (Transit Ban, or “Asylum Ban 2.0”), which has created a new bar to asylum for individuals who pass through third countries en route to the United States, closing the door to virtually all non-Mexican asylum seekers arriving at the southern border.

On October 15, 2019, CGRS filed an amicus brief in East Bay Sanctuary Covenant v. Barr, the lawsuit challenging the transit ban, which was joined by over 50 national and regional organizations.

Asylum Cooperative Agreements (ACAs), under which the United States is seeking to “transfer” certain asylum seekers to unsafe third countries, rather than affording them the opportunity to apply for protection in the United States. The U.S. government has signed ACAs with El Salvador, Guatemala, and Honduras, and has begun implementing the agreement with Guatemala.

On December 17, 2019, CGRS submitted public comments urging the government to halt implementation of the ACAs, which will result in countless asylum seekers being sent to countries where they may face grave dangers.

Asylum Ban 1.0 (Entry Ban), the rule issued in November 2018 seeking to ban individuals who do not enter the United States through official ports of entry from applying for asylum.

CGRS joined partners around the country in submitting public comments urging the government to withdraw this rule, which runs contrary to the Refugee Act and the United States’ obligations under the Refugee Convention.

A federal judge issued a temporary restraining order in East Bay Sanctuary Covenant v. Trump, blocking the policy from taking effect. The policy was also successfully challenged in O.A. v. Trump.

For Advocates

CGRS is actively developing and collecting resources to assist asylum seekers impacted by these policies, which can be requested through our technical assistance program.

 

Respuesta a las crueles políticas del gobierno Trump en la frontera sur

El gobierno Trump ha emprendido una guerra en contra del derecho a solicitar asilo, y ha tomado pasos drásticos para acabar casi que por completo con el acceso a protecciones en la frontera sur de Estados Unidos. Las siguientes políticas son algunas de las más dañinas para los solicitantes de asilo. Sin duda, atentan contra las obligaciones nacionales e internacionales adquiridas por Estados Unidos para con los refugiados.

Para más información, puede descargar el documento explicativo acerca de las políticas en la frontera sur.

Protocolos de Protección a Migrantes (o MPP, por sus siglas en inglés), también conocido como “Quédate en México”, es una política bajo la cual el gobierno de Estados Unidos ha retornado de manera forzada a más de 55,000 solicitantes de asilo a México a esperar allí mientras se adelantan sus procedimientos migratorios, sin consideración por las serias violaciones a los derechos humanos que pueden enfrentar allí. 

CGRS demandó esta política en conjunto American Civil Liberties Union y el Southern Povery Law Center a través del caso Innovation Law Lab contra McAleenan, el cual se encuentra pendiente en el Noveno Circuito.

Además del caso pendiente en las cortes, también hicimos un llamado al gobierno exigiendo que deje de enviar inmediatamente a solicitantes de asilo al estado de Tamaulipas, donde las personas retornadas han enfrentado formas severas de violencia. La petición enviada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se encuentra disponible en inglés aquí.

Prohibición de Asilo 2.0 (prohibición por tránsito), es una política que busca negarle el asilo de manera categórica a todos los nacionales no mexicanos que ingresen a Estados Unidos a través de la frontera sur por haber transitado por terceros países en ruta a Estados Unidos.

En octubre 15 de 2019, CGRS presentó un amicus curiae, al cual se unieron más de 50 organizaciones regionales y nacionales, en East Bay Sanctuary Covenant contra Barr, el caso bajo el cual se está retando la política.

Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACAs), es la política a través de la cual Estados Unidos busca “transferir” a ciertos solicitantes de asilo a otros países que no son seguros, en vez de darles la oportunidad de aplicar para recibir protección en Estados Unidos. El gobierno americano ha firmado ACAs con El Salvador, Honduras, y Guatemala, y ha empezado a implementar el acuerdo con Guatemala.

El 17 de diciembre de 2019, CGRS presentó comentarios públicos urgiendo al gobierno a detener la implementación de los ACAs, ya que no hacerlo traerá como resultado la transferencia de un número incontable de solicitantes de asilo a países donde pueden enfrentar graves peligros.

Prohibición de Asilo 1.0 (prohibición por entrada), es una regla promulgada en noviembre de 2018 que intentó prohibir la posibilidad de solicitar asilo para las personas que no entren a Estados Unidos a través de un puerto oficial de entrada.

CGRS, en conjunto con aliados a través del país, presentó comentarios públicos urgiendo al gobierno retirar esta regla, ya que contraría la Ley de Refugiados y las obligaciones de Estados Unidos bajo la Convención sobre refugiados.

Un Juez federal emitió una orden preliminar deteniendo temporalmente la aplicación de la política en el caso East Bay Sanctuary Covenant contra Trump.

Actualmente, CGRS está desarrollando y recolectando recursos para asistir a quienes se enfrentan a estas políticas ilegales.